Las asociaciones judiciales consideran “inadmisible” su baja remuneración, en pie de igualdad con el resto de funcionarios. Para la carrera judicial es “obvia la diferente responsabilidad de su trabajo”.
Las asociaciones judiciales están negociando con Justicia un nuevo modelo retributivo ante el fracaso del actual (Ley 15/2003) que ha resultado, según la judicatura, “inadecuado para abordar la justa retribución de la función jurisdiccional”. Muchas son las cuestiones a debatir pero, sin duda, entre las más llamativas se encuentran las remuneraciones por guardias. De hecho, según fuentes consultadas, si no hay una pronta respuesta por parte del Ministerio en este punto, la “carrera judicial podría volver a levantarse porque es humillante”.
Todas las asociaciones, en los informes que han remitido a Justicia, coinciden en señalar que las cuantías que perciben los jueces de guardia son “inadmisibles y vergonzosas” y exigen un cambio al objeto de que sirvan para “reflejar el trabajo que se realiza”. Lo que más censuran es que se retribuya por igual al juez que al resto de funcionarios que intervienen en las guardias, llegando a darse casos, como en los juzgados de violencia de género, en los que el titular del mismo es el que menos cobra.
Así, en partidos judiciales que cuentan entre 4 y 7 juzgados de instrucción, los jueces cobran 305 euros por estar de guardia ocho días, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a sábados, domingo de 10.00 a 14.00 horas, teniendo que estar disponibles el resto de la jornada. En Juzgados Centrales de Instrucción, por una guardia semanal de permanencia cobran 255 euros, cantidad que estiman “irrisoria” si se tiene en cuenta la “responsabilidad y penosidad que puede conllevar”.
Por ello, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Francisco de Vitoria (AJFV); Jueces para la Democracia (JpD), y el Foro Judicial Independiente (FJI) coinciden en exigir que la retribución de las guardias se adecúe a la “superior responsabilidad que exige al juez o magistrado”, así como que sea “acorde a la dedicación y penosidad que en cada caso conlleva, en cuantía diferenciada a lo que percibe el personal del juzgado”.
Sin embargo, ésta no es la única cuestión que está en juego en estos momentos. El propio Francisco Caamaño, durante su intervención el pasado jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, avanzó que en estos momentos hay una comisión de negociación y encuentro entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia en la que, según dijo, “se está abordando la modificación de todo el esquema retributivo de los jueces para ajustarlo a la realidad”. Ahora bien, también advirtió de que “no se trata de incrementar ahora salarios, sino de buscar una proyección idónea y un régimen retributivo plasmado en la ley, más coherente que el que hoy existe”.
El proceso que, está previsto culmine en junio de 2010, tiene preocupados a los jueces por cuanto, según critica la AJFV, el Ministerio lo remite a la nueva oficina judicial y ello sólo puede suponer “una funcionarización a la baja del estatus económico de los miembros del Poder Judicial”. Por este motivo, la asociación pide que en la futura Ley sea “el Consejo General del Poder Judicial el encargado de abonarlas en coherencia con el principio de separación de poderes”.
Desde la APM, estiman que el futuro modelo debe remunerar de manera específica la “responsabilidad y la incompatibilidad” de la carrera judicial. También solicitan la desvinculación del trabajo judicial de cualquier incentivo económico de carácter productivista, algo que, a priori, no parece que el equipo ministerial tenga en mente ya que, según aseguran las fuentes consultadas, “fijan los puntos de discusión vinculándolos esencialmente a la productividad”.
Poder adquisitivoEn este sentido, desde JpD sostienen que la actual Ley de Retribuciones “no ha sabido dar incentivos motivadores” a la judicatura e insiste en que, incluso, ha “pervertido el propio trabajo judicial por la influencia de las retribuciones variables”. Según esta asociación, que propone ampliar el número de categorías profesionales para instaurar un sistema mixto en el que la promoción y la mejora retributiva mantengan incentivados a los jueces, sería preciso que se incluyera en la futura Ley una “cláusula de revisión automática anual de las retribuciones para adaptarla al incremento real del IPC”. De esta forma, se paliaría la pérdida de poder adquisitivo que aseguran haber sufrido desde el año 2003.
En esta misma línea, el Foro solicita que se cree un complemento específico que compense el “extremo régimen de incompatibilidades” de la judicatura, al tiempo que abogan por la creación de cuatro categorías profesionales para incentivar el ascenso (juez, magistrado unipersonal, magistrado de sala y magistrado del Tribunal Supremo). Todas las asociaciones piden mejoras en materia de jubilación.
Los secretarios también negocian sus emolumentosJusticia también está negociando con los secretarios judiciales sus emolumentos. Al respecto, Francisco Caamaño, titular _de la cartera de Justicia indicó, en el Congreso _de los Diputados, que las modificaciones legislativas _y normativas que se están produciendo para permitir _el desarrollo de la nueva oficina judicial “suponen aproximadamente un incremento de seis millones de euros en las retribuciones del cuerpo de secretarios judiciales, en escala general, que también se está reestructurando y reordenando en función _de la planificación que se deriva de la nueva oficina”. _Sin embargo, desde el Colegio Nacional de Secretarios se muestran preocupados por el hecho de que se vaya aprobar antes de fin de año el Real Decreto de Puestos Tipo que, según esta asociación, está concebido “sobre la base de establecer un nuevo régimen retributivo de los secretarios a coste cero”.
A juicio del Colegio Nacional de Secretarios, que preside Rafael Lara, este proyecto tiene como pretensión básica “igualar a la baja el complemento específico correspondiente a las Unidades Procesales de Apoyo Directo, con independencia del partido judicial en que radiquen” lo que supondría, según sus estimaciones, que “un millar de secretarios verían reducido dicho complemento”. En este punto, el Colegio Nacional de Secretarios achaca al equipo de Justicia falta “de diálogo, negociación y consenso”, en una materia fundamental para el colectivo ya que precisamente ese Real Decreto –del que hasta la fecha no conocen más que un borrador del año 2006– es sobre el que pivotará el futuro marco retributivo de este cuerpo funcionarial.
Victoria Martínez-Vares
Publicado en EXPASIÓN
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